LA REFORMA PROCESAL CIVIL EN ECUADOR, A PROPÓSITO DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS

LA REFORMA PROCESAL CIVIL EN ECUADOR, A PROPÓSITO DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS

Rita Ximena Gallegos Rojas[1]

RESUMEN

La expedición del CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS COGEP, deja a un lado el sistema escrito que imperaba desde las primeras décadas del siglo pasado en el Ecuador, para dar paso a un sistema oral cuyas resoluciones se dan en audiencias, con la introducción de pruebas oportunamente anunciadas y en base a los principios de inmediación, contradicción, concentración, continuidad, publicidad y dispositivo, que permite a todos los operadores jurídicos asumir un rol más protagónico en las acciones a presentar y además, transparentar las decisiones de los juzgadores.

Palabras clave: justicia civil, procesos de conocimiento, principios del sistema oral

La reforma procesal civil en Ecuador no es un hecho aislado, es un fenómeno que se ha extendido en América Latina a lo largo de estos últimos años[2]. “En un primer momento, los países de la región focalizaron sus esfuerzos en transformar sus sistemas de justicia penal. Luego, este fenómeno se ha ido expandiendo hacia la justicia civil, con iniciativas en diversas materias del universo no penal, tales como la civil-comercial, familia, laboral y consumo, entre otras. Un aspecto común a todos estos cambios es el propósito de modernizar y oralizar los sistemas judiciales aun fuertemente anclados en el modelo procesal herencia de la época colonial[3]”.

En el Ecuador, la implementación de la oralidad en todos los procesos estaba ordenada en la Disposición Transitoria Vigésima Séptima de la Constitución de 1998, pues los mandatos de los Arts. 193 y 194 de la Carta Constitucional disponían que: “Las leyes procesales deben procurar la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad en los trámites; y, la sustanciación de los procesos que incluye la presentación y contradicción de las pruebas, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios: dispositivo, de concentración e inmediación”.

Sin embargo, se dio la implementación del sistema oral inicialmente en materia penal a partir de la expedición del Código de Procedimiento Penal publicado en el suplemento del Registro Oficial 360 del 13 de enero de 2000, que entró en vigencia el 13 de julio del 2001, según lo dispuesto en la Disposición Final de dicho cuerpo legal. Posteriormente, se incluyó la oralidad en otras materias relativas a niñez y adolescencia y laboral.

En lo relacionado a la niñez y adolescencia, la oralidad entró en vigencia en junio del año 2002, concretamente en la audiencia de conciliación y contestación a la demanda, al practicarse la prueba oportunamente anunciada y la exposición de alegatos, sin embargo, el auto resolutorio del juez era por escrito dentro de los cinco días siguientes a la audiencia. Existía la oralidad en la tramitación en segunda instancia pues las partes en la audiencia convocada por los jueces superiores presentaban sus alegatos verbales, concluida la audiencia la resolución se pronunciaba por escrito luego de cinco días siguientes de la audiencia[4].

Mientras que en asuntos laborales la oralidad entró en vigencia en julio del año 2004, donde se determinó dos audiencias: La primera Audiencia preliminar, conciliación, contestación a la demanda formulación de pruebas; y, la segunda audiencia definitiva donde se practicaba la prueba, se sustentaban los alegatos y luego en el término de diez días el juzgador dictaba sentencia, resolviendo todas las excepciones dilatorias y perentorias presentadas. La oralidad se implementó solo en primera instancia, pues el recurso de apelación se sustanciaba a través del sistema escrito igual que el recurso de casación.

La Constitución de la República vigente, promulgada en el año 2008, en su Art. 168.6 dispone que: “la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”. Más adelante el Art. 169 del texto constitucional sobre las normas procesales determina que estas consagraran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

Es así que cumpliendo con el mandato constitucional, la Asamblea Nacional del Ecuador expidió el Código Orgánico General de Procesos, que más adelante y para efectos de este trabajo se lo llamará COGEP que se encuentra publicado en el Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015, cuyo ámbito de aplicación son todas las materias exceptuándose la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

La expedición del COGEP desarrolla lo previsto en la Constitución de la República que busca de forma oral modernizar los procesos en materias no penales, entre las que se incluyen la civil, familia, niñez y adolescencia, laboral, inquilinato, contencioso administrativo y contencioso tributario.

El sistema oral implementado en el COGEP frente al sistema escrito tiene ciertas ventajas, ya que existe una acentuada comunicación entre el juez y las partes. La prueba oportunamente anunciada se practica en audiencia oral pública y contradictoria, las resoluciones por lo general se dictan en audiencia, aunque hay ciertas excepciones como la prevista en el Art. 93 del COGEP, pues dependiendo de la complejidad del caso, el juzgador podrá suspender la audiencia por el término de diez días para emitir su decisión oral, todo esto en base a los principios de concentración, contradicción, inmediación, dispositivo y publicidad. Además, permite que las partes se preparen para argumentar sus pretensiones y centrar sus debates, así como el rol del juez cambia constituyéndose en director de la audiencia con sus facultades y limitaciones, entre estas últimas tenemos: no obtener información de testigos y peritos sino únicamente formular aclaraciones para que se mantenga su papel de juez independiente e imparcial.

La concentración refiere a la posibilidad de realizar los actos probatorios en la audiencia de juicio, si es posible de forma continua y en días consecutivos, salvo asuntos de declaraciones urgentes de las personas que por su avanzada edad o grave enfermedad se teman fundadamente puedan fallecer, o de quienes están próximos a ausentarse del país, que se pueden receptar anticipadamente, prueba nueva o prueba sobre la prueba.

“Se garantiza contradicción mediante la permisión a las partes de participar en la práctica de pruebas”[5], así como cuando el juzgador garantiza que el demandado pueda ejercer el derecho de contradicción y prueba en la reforma a la demanda, así como en las declaraciones anticipadas tal como lo establecen los Arts. 148 y 181del COGEP, respectivamente.

La inmediación permite al juez mantener una relación directa del proceso, tanto con las partes procesales, como con las demás personas que intervienen en el mismo. Aquí es muy importante el rol del juez como director del proceso y de la audiencia, de tal forma que ejerce la dirección del proceso, controla la actividad de las partes procesales y evita dilaciones innecesarias, en virtud de este principio puede interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar acciones correctivas como por ejemplo devolver escritos ofensivos o injuriosos, sea que las mismas vayan dirigidas contra el juzgador, servidor, tribunal, juzgado, la contraparte o su defensor, así como expulsar de las actuaciones judiciales a quienes alteren su desarrollo o atenten contra su legal evolución, medidas correctivas contempladas en el Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial. La inmediación permite que el juez observe el lenguaje oral y corporal de los participantes del proceso, que brinde elementos suficientes para acreditar o desacreditar algún testigo o su testimonio.

El principio dispositivo significa que corresponde a las partes iniciar el juicio formulando la demanda y proporcionar los elementos para su decisión (peticiones, excepciones, recursos, pruebas), es decir, la iniciativa en general y que el juez debe atenerse exclusivamente a la actividad de éstas, sin que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso ni a establecer la verdad y conocer de parte de cuál de ellas está la razón en la afirmación de los hechos[6]”. Sin embargo, el Art. 168 del COGEP dispone que el juzgador podrá, excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Por este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta por el término de quince días.

La publicidad permite que terceros conozcan la intervención de los sujetos procesales, peritos y testigos y la resolución del juzgador con el fin de fortalecer la transparencia en las decisiones judiciales.

Las audiencias por lo general son públicas, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se admitirá aquellas excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de la persona. Son reservadas las diligencias y actuaciones procesales previstas como tales en la Constitución de la República y la ley así lo contempla el Art. 8 del COGEP. Las audiencias serán grabadas por el sistema implementado por el órgano administrativo de la justicia que es el Consejo de la Judicatura. Se prohíbe fotografiar, filmar o transmitir la audiencia, además que su contenido no puede ser difundido por ningún medio de comunicación. Las partes pueden acceder a las grabaciones oficiales. Pero no se conferirá copia cuando el juzgador considere que podría vulnerarse los derechos de niñas, niños, adolescentes, familia, secretos industriales o información de carácter tributario. El contenido de la grabación oficial podrá ser objetado hasta veinticuatro horas después de realizada la audiencia. En todos los casos en que se entregue copia de la grabación de una audiencia, se prevendrá de la responsabilidad por el manejo abusivo de la información.

El COGEP entró en vigencia a partir del 22 de mayo del 2016[7], conforme lo dispone la Segunda Disposición Final con excepción de las normas que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Notarial y la Ley de Arbitraje y Mediación y aquellas que regulan períodos de abandono, copias certificadas, registro de contratos de inquilinato y citación, que entraron en vigencia a partir de la fecha de la publicación del COGEP, es decir, a partir del 22 de mayo del 2015. Mientras que las disposiciones relativas al remate entraron en vigencia ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la Ley.

PROCESOS DE CONOCIMIENTO EN EL COGEP

El COGEP en su libro IV norma los siguientes tipos de procedimiento de conocimiento:

* Ordinario

* Sumario

* Ejecutivo

* Monitorio

* Voluntario

Procedimiento Ordinario es aplicable a todas las causas que no tengan previsto un trámite especial para su sustanciación. Entre las acciones que se tramitan mediante esta vía tenemos las colusorias, las que priven del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente pertenecen a un tercero.

Procedimiento Sumario, para sustanciar y resolver derechos personales y deudas dineradas de baja cuantía que no sean exigibles por otra vía. Tenemos también la prestación de alimentos, además el divorcio contencioso, controversias de honorarios profesionales entre abogado y cliente, despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de dirigentes sindicales, asì como acciones posesorias de obra nueva, constitución, modificación y extinción de servidumbre, casos de oposición de procedimientos voluntarios y acciones especiales por clausura de establecimientos en materia tributaria.

Procedimiento Ejecutivo, para el cobro de títulos ejecutivos, cuyas obligaciones sean de dar o hacer y la obligación contenida en el título, sea clara, pura, determinada y actualmente exigible.  

Procedimiento Monitorio, permite cobrar deudas cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no constituyan título ejecutivo. Deudas que se prueben a través de documentos firmados por el deudor, mediante facturas, certificación expedida por el administrador del condominio, del establecimiento educativo u otras organizaciones similares, mediante contrato o una declaración jurada del arrendador y el trabajador cuyas remuneraciones no hayan sido pagadas oportunamente puede recurrir a esta vía para hacer exigible la obligación. Procedimiento que es nuevo en la legislación procesal ecuatoriana.

En este procedimiento, cuando el deudor comparece sin hacer oposición, el auto interlocutorio inicial dictado por el juzgador queda en firme, con efecto de cosa juzgada, permitirá al acreedor la ejecución forzosa de los bienes del deudor.  Mientras que si hace oposición, formulando excepciones el juzgador convoca a una audiencia única.

Procedimiento Voluntario cuando se trate de pagos por consignación, rendición de cuentas, divorcio o terminación de la unión de hecho por mutuo consentimiento siempre que haya hijos dependientes, inventario, partición, autorización de venta de bienes de niñas, niños y adolescentes y personas sometidas a guarda. Cuando exista oposición de las personas citadas o cualquier otra que acredite interés jurídico en el asunto, se sustancia la misma a través del procedimiento sumario.

El Libro V, denominado Ejecución, hace relación a los títulos de ejecución como son: la sentencia ejecutoriada, el laudo arbitral, el acta de mediación, el contrato prendario y de reserva de dominio, la sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidas en el extranjero y homologadas, conforme lo determina la ley y cuya competencia es la Sala de la Corte Provincial de Justicia en razón de la materia. En el trámite de ejecución, los jueces ejecutarán las providencias preventivas, ordenadas por los tribunales de arbitraje nacionales o internacionales. Igualmente se hace mención a la ejecución de obligaciones de dar especie o cuerpo cierto, hacer o no hacer, los casos en que el deudor puede oponerse al mandamiento de ejecución dentro del término de cinco días, luego que el juzgador expida el mandamiento de ejecución, ya sea por pago o dación en pago transacción, remisión, novación, confusión, compensación, pérdida o destrucción de la cosa debida.

Los procesos contenciosos administrativos y tributarios se pueden seguir por la vía ordinaria[8] o sumaria, con el objeto que los administrados demanden al Estado o a sus instituciones para obtener la tutela de sus derechos y revisar la legalidad de actos, hechos o contratos de la administración pública sujetas al derecho administrativo o tributario.

Para el proceso ordinario, se ha establecido dos audiencias: la primera audiencia llamada preliminar donde el juzgador debe resolver sobre la validez del proceso, la determinación del objeto de la controversia, los reclamos de terceros, competencia y cuestiones de procedimiento que pueda afectar la plena validez del proceso, con el objeto de convalidar y sanearlo, promover la conciliación. Las partes deben anunciar la totalidad de la prueba, solicitar acuerdos probatorios, exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba. La segunda audiencia llamada de juicio, en donde se presentan los alegatos iniciales y finales, se introduce la prueba y el juez dicta la resolución en forma oral.

Para los procesos ejecutivo, sumario y monitorio se ha establecido una audiencia única con dos fases, la primera: el saneamiento del proceso, fijación de los puntos en debate y conciliación, y la segunda: la introducción de la prueba, los alegatos y la resolución.

CONCLUSIÓN:

Como el COGEP recién entro en vigencia en estos últimos meses, es en el día a día, en cada audiencia, en cada demanda, en cada contestación, en cada prueba, en cada recurso, donde se visualizan inconvenientes y limitaciones en su aplicación, sin embargo, las normas son perfectibles de ser mejoradas.

La implementación del COGEP no solo es un desafío para los operadores de justicia, sino para quienes se inician en el estudio del derecho, para los docentes e investigadores, etc., por lo que es deber de quienes transitamos en el campo del derecho una permanente capacitación.

BIBLIOGRAFIA:

-          CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 1998.

-          CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008.

-          CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

-          CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL

-          CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS

-          NATTAN NISIMBLAT, Código General del Proceso, Derecho Probatorio, Ediciones Doctrina y Ley, Ltda., Bogotá.

-          RIOS LEIVA ERICK, La Oralidad en los Procesos Civiles en América Latina, Centro de Justicia de las Américas, 2013.

-          http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2013/08/22/principios-fundamentales-del-procedimiento,

---

[1] El presente trabajo  es parte de la exposición presentada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina el 14 de octubre del 2016, con ocasión del Seminario Internacional “Discusiones Actuales sobre la Reforma a la Justicia Civil en América Latina”, organizado por CEJA, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina y el apoyo de la Universidad Católica de Argentina, UCA.

[2] En Colombia se promulgó el Código General del Proceso en el Diario Oficial 48489 de julio 12 de 2012 y a partir del 1 de enero del año 2016 entró en vigencia en todo el territorio nacional. En la república de Uruguay se promulgó el Código General del Proceso el 18/10/1988 y su publicación fue el 14/11/1988.

[3]  La Oralidad en los Procesos Civiles en América Latina, Erick Ríos, Centro de Justicia de las Américas, p. 2.

[4]  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Art. 277.- Auto resolutorio.- El juez pronunciará auto resolutorio dentro de los cinco días siguientes a la audiencia. Art. 280.- Tramitación en segunda instancia.- Recibido el proceso, la Sala de la Corte Superior convocará a una audiencia en la que los defensores de las partes presentarán sus alegatos verbales, comenzando por el recurrente. Concluida la audiencia, pronunciará su resolución en la forma y oportunidad indicada en el artículo 277.

[5]  Nattan Nisimblat, Código General del Proceso, Derecho Probatorio, Ediciones Doctrina y Ley, Ltda., Bogotá, p.  28.

[6]  http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2013/08/22/principios-fundamentales-del-procedimiento

[7] En la provincia de Manabí que sufrió un terremoto el 16 de abril del 2016, el COGEP entró en vigencia el 24 de octubre del 2016.

[8]  Las acciones de impugnación y las acciones directas que señala el COGEP en materia contencioso tributario se demandan en la vía ordinaria según los Arts. 320 y 321 Ibídem, mientras que las acciones especiales se tramitan en procedimiento sumario conforme lo establece el Art. 322 del COGEP, así por ejemplo la declaración de prescripción de la obligación de los créditos tributarios, intereses y multas. Mientras que las acciones contencioso administrativas se tramitan en procedimiento ordinario, salvo las acciones relativas al silencio administrativo positivo y las de pago por consignación que se tramitan en procedimiento sumario, según lo determina el Art. 327 del COGEP.